La Carta Social Olímpica aspira a introducir normas de trabajo digno en los Juegos de París

GINEBRA (OIT Noticias) – La Carta Social, que se firmó en 2018, se basa en dieciséis compromisos vinculantes que están alineados con la agenda de trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esboza un enfoque sostenible, responsable e inclusivo que abarca todo el proceso de entrega de juegos y tiene como objetivo crear un sólido legado de desarrollo social.

Los compromisos abarcan un amplio abanico de áreas relacionadas con el trabajo digno, incluidas las garantías de unas condiciones laborales mínimas, la ayuda a las pequeñas y medianas empresas para que participen en los procesos de licitación y contratación, y la garantía de que los subcontratistas y proveedores cumplan las Normas Internacionales del Trabajo, en particular el "trabajo digno", tal como lo define la OIT. También hay puntos de referencia para fomentar la diversidad de género, la inclusión de personas con discapacidad y el desarrollo de las capacidades de los jóvenes.

"Esta Carta Social es algo muy estratégico. Hemos sido ambiciosos con los compromisos, no hemos seguido el camino fácil, queríamos resultados sólidos", declaró Marie Barsacq, Directora de Impacto y Legado del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Señaló que la Carta ha sido fundamental para que los organizadores de los Juegos alcancen dos objetivos igualmente importantes. "Uno es organizar un evento espectacular para promocionar a los atletas y el deporte, pero también organizar unos Juegos útiles que sean más responsables en términos medioambientales y sociales".

La Carta reúne a las organizaciones sindicales y patronales francesas con SOLIDEO, el organismo encargado de la infraestructura física de los juegos. Por su parte, la OIT ha prestado apoyo a las organizaciones de trabajadores y empresarios para ayudarles a formalizar sus compromisos y ponerlas en contacto con socios internacionales.

La organización de los Juegos ha supuesto la adquisición de bienes y servicios por valor de 2.500 millones de euros. A menudo, en licitaciones de esta envergadura, sólo las grandes empresas, a menudo multinacionales, pueden cumplir los criterios de licitación, dejando de lado a las comunidades y empresas locales. Desde el principio, los organizadores de París estaban decididos a que esto no ocurriera y a obtener los máximos beneficios sociales y medioambientales de su presupuesto.

"Nuestra estrategia de contratación planteaba cinco preguntas a cada empresa: ¿Qué hace en términos de economía circular, para reducir su huella de carbono, para emplear a personas con alguna discapacidad, para contratar a personas que están fuera del empleo, y también qué hace para generar un impacto local?", explica Barsacq.

Barsacq señala que esta estrategia también animó a las grandes empresas a trabajar con empresas pequeñas y locales, que también recogieron valiosos consejos para mejorar sus negocios. En consecuencia, afirma, el 79 por ciento del presupuesto de licitación de los Juegos fue a parar a PYME, incluidas 500 empresas sociales.

Las normas establecidas por la Carta Social también ayudaron a garantizar que los trabajadores de los proyectos de construcción trabajaban legalmente y tenían contratos regulares. "Es muy importante que demostremos que si se invierte en prevención, se obtienen resultados", explicó Barsacq, señalando que en las obras de construcción olímpicas sólo se produjo una cuarta parte de la media de accidentes registrada en proyectos equivalentes en Francia.